San José (elpais.cr) – Un grupo de 21 indígenas, acompañados de siete simpatizantes, fueron sacados a empujones a eso de la 1:45 de la mañana de hoy del Salón de Beneméritos de la Patria, cuando demandaban una respuesta gubernamental sobre el futuro de la Autonomía de los Pueblos Originarios de Costa Rica.
Posteriormente, a las 2:20 de la mañana un grupo de 50 antimotines de la Fuerza Pública golpeó a hombres y mujeres, que permanecían en un jardín ubicado frente al Parque Nacional. En grupos de cuatro policías arrastraban por el suelo a mujeres y hombres indígenas, entre ellas a Mariana Delgado, de Abrojo Montezuma, así como a otra identificada como Luisa Bejarano, oriunda de Salitre, quienes protestaban en su lengua y se mantenía en el suelo aferrada a la pierna de la diputada Carmen Granados.
Bajo constantes amenazas de desalojo por parte de altos funcionarios de la seguridad interna del edificio legislativo, los indígenas se mantenían firmes en su protesta pacífica hasta tanto recibieran un mensaje del Gobierno de la presidente Laura Chinchilla, pero a pesar de ello fueron golpeados y sacados a la fuerza.

En los últimos 40 años se ha avanzado mucho en tecnologías agropecuarias, sin embargo el hambre crece. En la actualidad se producen suficientes alimentos para alimentar a toda la población mundial. El problema no es de producción de alimentos, sino de cómo se producen, quien los produce, como se distribuyen y como se tiene acceso a los mismos. El agro negocio y las corporaciones multinacionales han obtenido una alta concentración en todos los niveles de las cadenas agroalimentarias. Concomitantemente esto ha sido un factor decisivo en el aumento de los precios de los alimentos que los a puesto fuera del alcance de muchos sectores.

Muchos países han perdido la capacidad de autoabastecerse de alimentos y pasaron a depender del comercio internacional y de la asistencia.

El modelo de agricultura industrial ha aumentado el hambre de los pueblos, daña severamente el ambiente e incide gravemente en el aumento del calentamiento global. El único objetivo del agro negocio es el lucro y la ganancia.

La agricultura campesina en cambio abastece de alimentos a los pueblos, genera empleos genuinos, cuenta con una experiencia milenaria en la relación con la naturaleza, y por eso tiene la capacidad de mitigar los efectos sobre el cambio climático. La agricultura campesina enfría el planeta.

El agro negocio intenta desplazar a la agricultura familiar y campesina, con todo tipo de prácticas ilegales y violentas que a veces cuentan con la complicidad de funcionarios corruptos. Miles de familias campesinas están siendo expulsadas del campo por la acción del agro negocio- Miles de hectáreas de bosques nativos han sido deforestadas por acción del agro negocio.

En Brasil, el último 20 de julio, el Movimiento de Fábricas Ocupadas obtuvo una importante victoria. Después de mucha movilización, una decisión judicial revirtió una decisión anterior de cerrar la fábrica Flaskô, situada en Sumaré, Campinas, Estado de San Pablo. Desde 2003, la fábrica -que produce materiales plásticos- viene siendo administrada por los propios trabajadores que, si hubiera dependido de la gerencia patronal, podrían haber quedado desempleados.

En la trayectoria de la Flaskô se observan varias luchas que ilustran la resistencia de los(as) obreros(as) frente a los moldes industriales convencionales del Estado. Pesaba sobre la fábrica la posibilidad de quiebra y, consecuentemente, el despido en masa de cientos de personas. Bajo la autonomía obrera, algunos años después, la fábrica pasó a adoptar la carga horaria de 30 horas semanales sin reducción de salario. Esos son algunos de los factores que hacen de la Flaskô el más reciente ejemplo del Movimiento de Fábricas Ocupadas, indicando que otro concepto y otra práctica de proceso industrial son posibles.

Adital conversó con Alexandre Mandl, abogado del consejo de la Flaskô, sobre lo que representó el no cierre de la fábrica y sobre el Movimiento de Fábricas Ocupadas.

La Comisión Europea (CE) autorizó ayer la importación y la transformación de seis variedades de maíz transgénico para su utilización en alimentos o piensos, aunque no dio el visto bueno para su cultivo.

El Ejecutivo comunitario aprobó, por una parte, cinco nuevos tipos de maíz genéticamente modificado (OGM) y, por otro lado, renovó la autorización del maíz bt11, que ya ha estado permitido antes en la Unión Europea (UE). Los nuevos tipos de maíz autorizados son el 1507x59122, 59122x1507xNK603, MON88017xMON810, MON89034xNK603 y Bt11xGA21. Esta decisión, con una validez de 10 años, posibilita la importación y el procesado de estos OGM, pero no su plantación. Bruselas ha aprobado estos expedientes de forma unilateral porque los países comunitarios no consiguieron una mayoría suficiente de votos ni a favor ni en contra de su autorización dentro del Comité sobre la Cadena Alimentaria de la UE ni tampoco en el Consejo de ministros comunitarios. Los OGM tienen informes favorables de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA), insistió la CE. Bruselas recalcó también que cualquier producto derivado de esos transgénicos "estará sujeto a las reglas de etiquetado y de seguimiento de la UE" sobre OGM.

Habría que trasladarse al Holocausto nazi o a la barbarie de Pol Pot en Camboya, para encontrar algo de esta dimensión. En Audiencia Pública el 22/Julio/2010, el mismo día que Colombia solicitó la convocatoria urgente de la OEA para denunciar a Venezuela y en el sitio de los hechos, una delegación extranjera compuesta por 10 dirigentes sindicales, 6 miembros del Parlamento Europeo, 3 miembros del Parlamento Británico, 3 delegados de España y 2 de Estados Unidos atestiguaron la existencia de la gigantesca fosa común en Colombia, al sur de Bogotá, Departamento del Meta, en el Pueblito de la Macarena.

En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, 200 kilómetros al sur de Bogotá, una de las zonas más calientes del conflicto colombiano, se acaba de comprobar la existencia de la mayor fosa común de la historia reciente de Latinoamérica, con una cifra de aproximadamente 2.000 cadáveres.

En Guanajuato avanza la criminalización de la mujer por aplicar el aborto al apoyarse en “recovecos jurídicos”, acusó la diputada federal perredista, Leticia Quezada, quien advirtió que a pesar de que en el primer informe del Poder Judicial estatal se registran caso de mujeres sentenciadas o procesadas por aborto, las autoridades “maquillaron” el proceso, para acusar y sentenciar a seis mujeres por el delito de homicidio en razón de parentesco, por lo que alcanzan hasta 30 años de cárcel.

La vocera del PRD en la Cámara de Diputados afirmó que al revisar dichos expedientes, que incluyen declaraciones médicas, se determinó que fueron encarceladas por el delito de aborto, mientras que el Ministerio Público y la Procuraduría estatales integraron el expediente por el delito de homicidio en relación de parentesco, “lo que claramente es un acto violatorio de la ley”, dijo. Además dentro de las irregularidades en los seis expedientes de esas seis mujeres que ya fueron sentenciadas, se sumó como agravante a su condena el que dos de ellas tuvieron un aborto imprudencial, y otras se practicaron el aborto luego de ser violada.

En entrevista con Martín Espinosa, para Reporte 98.5, Quesada afirmó que en Guanajuato se “ve de manera distinta la justicia” con la que se busca dar un escarmiento a las mujeres, al asegurar que con la sentencia de casi 30 años que recibieron estas seis mujeres, mientras 160 esperan una pena igual, “el gobernador Juan Manuel oliva parece advertir a la mujer que ni se le ocurra abortar, de manera imprudencial o voluntaria, porque de ser así les espera una vida en la cárcel”.